La privatización de la educación infantil, a debate en un seminario web global
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A principios de este mes de julio de 2026, un seminario web titulado "La privatización de la atención y educación de la primera infancia: ¿qué está en juego?" reunió a una coalición global de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y defensores de la educación para lanzar nuevas publicaciones. La principal es sobre la privatización de la atención y educación de la primera infancia, aborda tendencias, desafíos e implicaciones para los derechos humanos.
Los informes examinan el creciente fenómeno de la privatización en este nivel educativo y las políticas necesarias para fortalecer una educación infantil pública, gratuita y de calidad para todos. Señalan cómo las fuerzas del mercado están profundizando la desigualdad y por qué los gobiernos deben actuar ahora. El mensaje es claro: sin sistemas públicos sólidos, la educación de la primera infancia corre el riesgo de convertirse en una mercancía en lugar de un derecho universal.
Las publicaciones fueron lanzadas y copatrocinadas por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, Education International, la Campaña Mundial por la Educación, la Iniciativa por los Derechos Sociales y Económicos, la Iniciativa por el Derecho a la Educación, la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y la Coalición por la Educación Pública y los Derechos Humanos. Education International contribuyó a través de datos, edición y revisiones.
En sus palabras de apertura, Mercedes Mayol Lassalle, expresidenta de OMEP y profesora de políticas públicas para la educación infantil en la Universidad de Buenos Aires, enfatizó: "Lo que está en juego es el derecho de cada niño pequeño a un comienzo justo en la vida. La provisión privada no disminuye la responsabilidad pública. Al contrario, exige una gobernanza estatal más fuerte, regulaciones más sólidas y un renovado compromiso público con los derechos de la infancia". También centró el debate en los derechos: "La verdadera pregunta es: ¿cómo podemos garantizar que cada niño disfrute del derecho a una educación infantil de calidad, independientemente de quién preste el servicio?"
La provisión privada en educación infantil no es un desarrollo inevitable, sino más bien la consecuencia directa de decisiones políticas. La investigación subraya cómo la privatización afianza la desigualdad desde los primeros años de vida.
Para Rajakumari Michaelsamy, gerente de programas de educación infantil en la Iniciativa por el Derecho a la Educación y autora del informe sobre tendencias globales, "la privatización en la educación infantil es una tendencia global creciente hoy en día. Los actores privados dominan ambos segmentos: la educación para niños menores de tres años y la educación preprimaria". Añadió que los marcos legales débiles, el bajo gasto público y el persistente enfoque que considera el cuidado infantil como una responsabilidad privada son los principales impulsores de la privatización. La educación infantil, señaló, recibe solo una pequeña parte de los presupuestos educativos ya limitados, lo que deja la puerta abierta a la expansión de los proveedores privados. Las consecuencias son de gran alcance: "Menor acceso, aumento de costos y crecientes desigualdades, particularmente para los niños de comunidades marginadas", afirmó Michaelsamy.
Carolina Semmoloni, exrepresentante juvenil de OMEP ante la Unesco y codirectora de la iniciativa de investigación sobre educación infantil en el Centro de Investigación Educativa Aplicada de San Andrés, basándose en sus hallazgos del estudio de caso argentino, señaló cómo la limitada oferta pública lleva a las familias al mercado privado: "El acceso a la atención y educación de la primera infancia está determinado a menudo por el nivel socioeconómico de la familia", lo que conduce a "una profundización de las desigualdades sociales y económicas existentes". La infraestructura insuficiente y los marcos regulatorios débiles crean condiciones en las que los proveedores privados se expanden "por defecto y omisión", explicó Semmoloni. Para los niños más pequeños en particular, el acceso a una educación de calidad depende a menudo de lo que las familias pueden pagar.
Al mismo tiempo, la privatización está transformando el mundo del trabajo en la educación infantil. Cassandra Hallett, secretaria general adjunta de Education International, subrayó: "Cuando los gobiernos no logran garantizar el derecho a la educación infantil a través de sistemas públicos sólidos, financiamiento público adecuado y protecciones legales robustas, la privatización se expande para llenar ese vacío. En ningún lugar esto es más evidente que en la educación infantil". El impacto en los educadores es innegable. "La expansión de la provisión privada a menudo va de la mano de condiciones laborales problemáticas, incluidos salarios más bajos, empleo precario, oportunidades limitadas de desarrollo profesional, calificaciones inadecuadas, protecciones laborales débiles y acceso restringido a la negociación colectiva". Continuó diciendo que la educación de calidad depende del trabajo decente: "No puede haber educación infantil de calidad sin maestros y personal de apoyo educativo calificados, apoyados y respetados. No puede haber educación infantil de calidad sin trabajo decente".
Con las mujeres representando la gran mayoría de la fuerza laboral en educación infantil, estas tendencias también refuerzan la desigualdad de género, tanto en el empleo remunerado como en el cuidado no remunerado.
Hallett continuó: "El informe también destaca las dimensiones de género de la privatización de la educación infantil. Las mujeres constituyen más del 90% de la fuerza laboral en este nivel. Cuando los servicios se privatizan y están poco regulados, son a menudo las trabajadoras quienes enfrentan bajos salarios, empleo precario y reconocimiento profesional inadecuado. Al mismo tiempo, cuando la educación infantil asequible y financiada con fondos públicos no está disponible, son las mujeres quienes asumen una parte desproporcionada de las responsabilidades de cuidado no remunerado, lo que a menudo limita sus oportunidades de empleo remunerado, educación y participación en la vida pública. Por lo tanto, avanzar en la igualdad de género requiere tanto reducir la carga del trabajo de cuidado no remunerado como garantizar que el trabajo de cuidado y educación remunerado esté debidamente valorado, reconocido y apoyado". Concluyó: "La educación infantil debe ser reconocida como un derecho humano universal. Debe ser financiada con fondos públicos, gobernada públicamente y estar disponible para todos sin discriminación. También debe ser impartida por profesionales cualificados y respetados que gocen de condiciones de trabajo dignas y fuertes derechos laborales. Debe seguir siendo un bien público, no una mercancía, y los informes nos ayudan a señalar ese camino".
Según Anna Cristina D'Addio, jefa de la unidad de políticas educativas del Informe GEM de la Unesco, la evidencia muestra una tendencia clara en todas las regiones: "La educación infantil es el nivel educativo más privatizado en casi todas partes, y los niños más pequeños son los más privatizados dentro de la educación infantil". También subrayó cómo la gobernanza débil y la falta de inversión crean "un vacío regulatorio y de financiación" en el que los proveedores privados florecen, a menudo sin una supervisión adecuada. En muchos sistemas, las responsabilidades fragmentadas entre ministerios socavan aún más la rendición de cuentas y la coherencia. Advirtió que esta dinámica corre el riesgo de reemplazar los recursos públicos, en lugar de complementarlos. Cuando los estados no actúan, los actores privados intervienen.
Las consecuencias de este tipo de políticas ya pueden verse en lugares como Uganda. Angella Kasule Nabwowe, directora ejecutiva de la Iniciativa por los Derechos Sociales y Económicos, describió un sistema en el que las familias soportan la carga: "La privatización a menudo no es una opción política, sino una consecuencia de la inversión pública insuficiente en educación infantil. El acceso sigue dependiendo en gran medida de la capacidad de pago de la familia". Con la mayoría de los niños excluidos de la educación formal temprana, y los proveedores privados en gran medida no regulados, las desigualdades se están profundizando. La oferta pública sigue siendo mínima, particularmente en las zonas rurales, señaló.
Aunque revertir la privatización puede no ser posible a corto plazo, una regulación sólida no es negociable. Colette Byrne, investigadora del Centro de Investigación sobre la Primera Infancia vinculado a la Universidad de la Ciudad de Dublín, insistió en que los estados no pueden externalizar su responsabilidad: "Incluso si los servicios se externalizan, la responsabilidad no puede externalizarse; el estado sigue siendo el principal obligado". Pidió marcos de rendición de cuentas sólidos que vayan más allá de los indicadores financieros, preguntando en cambio quién está excluido, si la calidad es equitativa y si las condiciones laborales apoyan el aprendizaje y el bienestar de los niños. La transparencia debe ser aplicada para garantizar que los fondos públicos sirvan al bien público.
Las publicaciones y las conclusiones del seminario web están en línea con la campaña "Go Public! Fund Education" lanzada por Education International en 2023. Esta campaña es un llamado urgente a los gobiernos para que inviertan en la educación pública, un derecho humano fundamental y un bien público, y para que inviertan más en los maestros, el factor más importante para lograr una educación de calidad. Esto también cuenta con el apoyo de las Recomendaciones de la ONU sobre la Profesión Docente. Estas recomendaciones ofrecen asesoramiento político a los gobiernos para garantizar que se cumpla el derecho de cada niño a un maestro con formación profesional, cualificado y bien apoyado.
Algunas de ellas se dirigen específicamente a los maestros del sector de educación infantil. Este es el caso, por ejemplo, de la Recomendación 36, que pide una equidad proporcional entre los salarios de los maestros en los diferentes niveles educativos y la equidad salarial de género: "Los maestros deben recibir salarios y beneficios al mismo nivel en comparación con otras profesiones con requisitos educativos similares. Debe garantizarse la equidad salarial de género, y debe haber una equidad proporcional entre los salarios en los diferentes niveles de educación, incluida la educación infantil y la educación y formación técnica y profesional"
© SomosTV LLC-NC / Photo: © Jörg Kantel
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