El esfuerzo por regular la seguridad infantil en internet se complica
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La regulación de la seguridad en línea para menores en Estados Unidos se encuentra en un momento de fragmentación sin precedentes. Lo que comenzó como una preocupación generalizada sobre los efectos de las redes sociales y los servicios digitales en los niños, se ha convertido ahora en una compleja lucha que involucra límites constitucionales, conflictos entre leyes federales y estatales, y una creciente ola de demandas judiciales.
Mientras el Congreso avanza con un paquete de proyectos de ley amplios pero internamente contradictorios, los estados continúan aprobando restricciones agresivas que chocan de manera cada vez más frecuente con los tribunales federales.
A nivel federal, los legisladores han revivido el impulso en torno a la seguridad en línea infantil tras años de negociaciones estancadas, pero el consenso sigue siendo esquivo. El centro del debate es la "Kids Online Safety Act" (KOSA), que ha sido reintroducida en versiones competidoras en la Cámara de Representantes y en el Senado.
La versión bipartidista del Senado, respaldada por patrocinadores como el senador demócrata Richard Blumenthal y la republicana Marsha Blackburn, mantiene un amplio requisito de "deber de cuidado" que obligaría a las plataformas a mitigar proactivamente los daños a los menores, incluyendo riesgos relacionados con la salud mental, el acoso y la amplificación algorítmica.
Sin embargo, la versión de la Cámara de Representantes, que pasó la etapa de subcomité este mes como parte de un paquete más amplio de dieciocho proyectos de ley sobre seguridad en línea, elimina ese lenguaje de "deber de cuidado" y reduce las categorías de daños cubiertos. Defensores de la privacidad y varios demócratas del Senado han advertido que el enfoque de la Cámara podría debilitar la aplicación de la ley y, al mismo tiempo, anular protecciones estatales más fuertes, creando un conflicto directo entre las dos cámaras del Congreso.
Junto a la KOSA, el Congreso también avanza con la "Children’s Online Privacy Protection Act 2.0" (COPPA 2.0), una actualización de la ley existente que extendería las protecciones de privacidad a los adolescentes de hasta 16 años, restringiría la publicidad dirigida a menores y fortalecería los requisitos de minimización de datos.
Pero incluso mientras estos proyectos de ley avanzan, los legisladores siguen divididos sobre la cuestión fundamental de si la ley federal debe establecer un piso nacional para la seguridad infantil en línea o si debe anular el mosaico de leyes estatales que ahora gobiernan los servicios digitales. Precisamente esa actividad a nivel estatal se ha convertido en la característica definitoria del panorama político en 2025.
Según el informe "State Landscape: Online Safety" de la "Computer & Communications Industry Association" (CCIA) publicado esta semana, docenas de estados han promulgado o propuesto nuevas leyes de seguridad en línea en los últimos dos ciclos legislativos. Muchas de ellas toman prestados conceptos y lenguaje entre sí, probando los límites externos de la autoridad constitucional.
Las medidas abarcan un amplio rango de enfoques, desde mandatos de verificación de edad y requisitos de consentimiento parental, hasta filtros de contenido a nivel de dispositivo, etiquetas de advertencia en redes sociales y amplias disposiciones de responsabilidad por "deber de cuidado" que regulan el diseño de las plataformas y sus sistemas de recomendación.
Los expertos legales advierten que este impulso muestra pocas señales de desaceleración, incluso cuando los tribunales anulan repetidamente estatutos similares. Sheila Millar, abogada de protección al consumidor en Keller & Heckman, ha pronosticado una "avalancha" de nuevas leyes estatales relacionadas con la seguridad infantil en línea en los próximos uno o dos años.
Millar señala que los estados continúan replicando disposiciones que ya han sido consideradas inconstitucionales, impulsados por la presión política bipartidista y una especie de competencia regulatoria en la que los legisladores buscan superar a los estados vecinos con reglas más estrictas.
La verificación de edad ha surgido como el enfoque más agresivamente perseguido y, a la vez, el más frecuentemente impugnado. Al menos 24 estados han promulgado alguna forma de requisito de verificación de edad, que a menudo exige a los usuarios presentar identificación gubernamental, datos biométricos o documentación de consentimiento parental para acceder a servicios en línea.
Los tribunales federales, mientras tanto, han intervenido repetidamente.
En el caso "NetChoice v. Bonta", un juez federal emitió una orden judicial preliminar contra el "Código de Diseño Apropiado para la Edad" de California, dictaminando que el estado no puede dictar qué discurso legal pueden acceder los usuarios ni imponer estándares vagos a servicios "probablemente accedidos por niños".
Resultados similares siguieron en "NetChoice v. Griffin" en Arkansas, donde una orden judicial permanente bloqueó la ley de verificación de edad del estado, y en "NetChoice v. Yost", donde el estatuto de notificación parental de Ohio fue anulado por inconstitucional.
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